Solicitan requerir a juicio a Diputada Provincial por amenazas y coacción

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Terminada la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el pasado 20 de diciembre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) requirió ante el Juzgado de Control Nº 6, que una legisladora provincial sea citada a juicio oral acusada de coacción y amenazas.

El Dr. Ernesto Lian Resúa, quien estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 12, desarrolló la IPP.

La diputada provincial está acusada de ser la presunta autora de los delitos de “Amenazas y coacción – siete hechos – en concurso real”, tal como lo prevé el artículo 149 bis, primer y segundo párrafo, del Código Penal de la Nación.

Asimismo, el Agente Fiscal solicitó que se ponga en conocimiento a la Legislatura Provincial a los fines de requerir el trámite constitucional de desafuero de la diputada.

El caso

Los hechos que se le imputan a la actual diputada datan desde el año 2012, cuando, en su carácter de apoderada de su cónyuge, suscribió un compromiso de colaboración con el Estado Provincial, a través del Ministerio de Tierra y Vivienda, donde reconocen el conflicto social producto de la problemática habitacional, y se compromete, el Estado, a dividir distintas terrenos en la ciudad de Fraile Pintado para la entrega de lotes a particulares, en el marco de los requisitos de la Ley 3169/74 y normativa complementaria.

La imputada suscribió boletos de compraventa por lotes indivisos por alrededor de 30 mil pesos a pagarse en 60 cuotas y quienes accedían a él, debían abonar las 3 primeras cuotas al momento de la firma del contrato.

Tras la operación que se sustentaba en un documento sin registro estatal ni datos del lote en cuestión, al momento del acondicionamiento de los mismos por parte del Estado, la legisladora entregó terrenos de su elección a los damnificados.

A la primera damnificada, luego de pagar 48 cuotas, la acusada se negó a seguir recibiendo el pago e incluso a atenderla y brindarle explicaciones.

Cuando la pudo confrontar, entre el año 2016 y 2017, la damnificada recibió amenazas directas de parte de la diputada.

Dentro de este mismo escenario relacionado a la entrega de lotes, los otros 6 hechos ocurrieron entre los años 2012 y 2017.

Tras el mismo accionar de entrega de lotes, la legisladora amenazaba a las victimas y las obligaba a realizar tareas políticas y tareas de limpieza en un hotel de su propiedad.

Las amenazas infligidas eran directas ya que les decía que si no cumplían con sus ordenes y realizaban las tareas que les asignaba, pegar carteles, reclutar gente, limpiar el hotel, entre otras, le quitaría los lotes, o no le cobrarías las cuotas, los que implicaba un incumplimiento de contrato de compraventa y por ende la pérdida del terreno.