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EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA PENAL BRINDÓ SU INFORME ANUAL

16 Mayo 2019

Dando cumplimiento a la Ley 5896, la defensora general del Ministerio Público de Defensa Penal (MPD), Dra. Ivone Haquim, presentó el informe del trabajo realizado durante el 2018 ante la Legislatura jujeña. Destacó que el Ministerio recibió la certificación normas ISO 9001, que significa que el servicio público que presta la institución es eficiente, moderno, estandarizado y transparente.

Antes de iniciar con la presentación la Dra. Haquim explicó que la función del MPD es la de otorgar asistencia técnica a toda persona de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad que opta por una defensa pública, cumpliendo y respetando de manera irrestricta los derechos humanos y preservando la total actuación de la justicia.

En el 2016 el Ministerio contaba con dos circunscripciones, una en San Salvador y la otra en San Pedro; hoy cuenta con cuatro, se crearon las de Alto Comedero y Perico.

La Defensora afirmó que el Minsiterio monitorea cada uno de los centros en los que se encuentran las personas privadas de su libertad, garantizando que no sufran maltratos y se respeten sus derechos. En el 2018 se realizaron 3 relevamientos, fueron relevados 162 lugares.

La Dra. Haquim destacó que la defensoría cumple con sus funciones pese a que sólo cuenta con 76 cargos, incluido el suyo, y con un solo vehículo. “Tenemos el objetivo de tener mayor cobertura”, comentó la Defensora.

En la ocasión, la funcionaria se refirió a la importancia de la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia, que debe ser tratada por la Cámara de Diputados provincial. “La misma prevé la oralidad de audiencia. Establecería que no haya detenidos, los mismos deberán tener prisión preventiva o libertad, esto garantiza el respeto de los derechos humanos”, finalizó.

El diputado provincial Luciano Rivas, destacó que el trabajo que realiza el MPD es difícil ya que realiza una función que no le gusta mucho a la sociedad pero que garantiza el derecho a la defensa que es una garantía constitucional para toda persona que se encuentra acusada de un ilícito.

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