Dictamen en diputados para aumentar el fondo de compensación del transporte

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Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación, comprometió al espacio legislativo a que antes de los próximos 60 días configure una ley para la distribución con equidad entre todas las jurisdicciones del país de los subsidios al transporte público de pasajeros.

El dictamen firmado hoy extendió la emergencia hasta el 31 de diciembre, establece disponer $59 mil millones del Presupuesto para distribuir en el Fondo de Compensación, y que se utilice el SUBE.

«Estamos cada vez acercando herramientas desde nuestras iniciativas legislativas, y hoy le damos al Ejecutivo una herramienta para que hasta diciembre, con la prórroga de la emergencia y la asignación de más fondos para distribuir a las provincias, pueda responder en parte mejor a la crítica situación actual», expresó tras la reunión Rizzotti, quien sumó que «sin embargo, y como coincidimos los diputados y diputadas de la mayoría de las provincias del país, el trabajo necesario es una ley que establezca criterios para una distribución justa de subsidios y, con esto, para la sostenibilidad».

El diputado nacional jujeño señaló que «el aumento que se hizo en función el proyecto del presupuesto es por de la emergencia de la situación que tiene hoy el transporte interurbano del país”; «los que venimos del interior queríamos más de 59 mil millones; es probable que tengamos que exigirle al Ejecutivo hacerse cargo de algún tipo de tributo y por eso la exigencia de la implementación de la SUBE y evitar mayores inconvenientes que los que ya tenemos, con la declaración de la emergencia estamos dando esa herramienta”, expresó también.

El dictamen de hoy, además de declarar la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del 2022 del transporte público de pasajeros por automotor urbano, suburbano e interurbano del interior del país, modifica el presupuesto (2021, prorrogado) para aumentar el monto del Fondo de Compensación que le corresponde al interior del país y sube -de lo planteado en un reciente DNI, $38 mil millones- a $59 mil millones y, para esto, establece que las jurisdicciones establezcan, junto a las empresas, el Sistema Único de Boleta Electrónica (SUBE).

«Tenemos, en lo sucesivo, la tarea de configurar una legislación para un federalismo real, que brinde condiciones para que los servicios se sostengan y la ciudadanía de todo el país tenga acceso, seguridad y calidad en el servicio», reiteró Rizzotti, y recordó que «tenemos, en la Comisión de Transportes, numerosas iniciativas, todas superadoras; seremos capaces de unificar un proyecto de ley que signifique una bisagra en la realidad de los servicios y del sector, pero sobre todo para un proyecto integral que requiere retomar la Argentina: asegurar condiciones de desarrollo a lo largo y ancho de todo su territorio, sólo posibilitando caminos el ese sentido para cada una de las provincias, para sus potencialidades, lo lograremos para todo el país».